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Apelación busca volver a encarcelar a Esteban, Beto y Rubén, presos lautarinos de la revuelta

Comunicado público de Guacoldas

A nuestro Pueblo, a la comunidad nacional e internacional y a los medios de comunicaciones nacionales e internacionales, la Agrupación de Familiares y Amigos de los Prisioneros Políticos, comunicamos lo siguiente:
1.- Que con fecha 28 de noviembre, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública del gobierno de Chile, ha ingresado a la Corte de Apelaciones de San Miguel la apelación a la medida cautelar de arresto domiciliario total para nuestros compañeros Esteban, Beto y Rubén, decretada el día 25 de noviembre del presente año por el 10° Juzgado de Garantía de Santiago. Cabe señalar, que dicha resolución del 25 de noviembre, ajustada a Derecho, dio término a la Prisión Preventiva de 27 días en un sistema de carcelario de castigo en contra de nuestros familiares. La apelación presentada el día de hoy por el gobierno procura la vuelta a la Prisión de nuestros compañeros.

2.- Que como hemos denunciado en reiteradas veces, desde un comienzo (detención, formalización, procesamiento y Prisión) nuestros familiares han sido sometidos a una serie de irregularidades y aberraciones protocolares y de orden jurídico, violando sistemáticamente sus derechos fundamentales como sujetos. El trámite judicial que hoy fue presentado el día de hoy, se suma a este listado de vicios constantes que buscan el castigo ensañado de nuestros familiares.

3.- Que denunciamos la persecución política del Gobierno de Chile contra Esteban, Beto y Rubén, impidiendo el derecho a la inocencia y el derecho a un juicio justo, saltándose por completo el Gobierno su propio código penal y violando las convenciones internacionales de los Derechos Humanos, a los cuales Chile está suscrito. El interés es claro, el juicio hacia nuestros compañeros no es de índole jurídico – como debiese ser – sino que es de carácter político, configurándose por lo tanto la figura de perseguidos políticos de nuestros compañeros, por los siguientes motivos:
A.- El 30 de octubre, día de su formalización, el 10 juzgado de garantía ignoró la detención ilegal de nuestros compañeros, quienes fueron detenidos a un 1km (aprox) de distancia del lugar de los hechos acontecidos de los cuales se les imputa. En la 51 comisaría de Pedro Aguirre Cerda, fueron interrogados por personal de la inteligencia de Carabineros encapuchados, sin identificación, bajo apremios ilegítimos de tipo psicológico (amenaza con las familias) y sin presencia de un abogado defensor.
B.- La formalización por parte del 10° juzgado de Garantía de Santiago, el cual decretó la Prisión Preventiva, no estuvo ajustada a derecho ya que no consideró que la formalización por el artículo 105 de la ley de ferrocarriles, los expone a una pena máxima, de ser encontrados culpables en un juicio, de 3 años y 1 día, lo cual, sumado a que nuestros familiares no cuentan con antecedentes penales previos, no ameritaba la cautelar de Prisión Preventiva, según la legislación del Estado de Chile.
C.- La apelación presentada por parte del Ministerio del Interior el día de hoy, es en la misma Corte de Apelaciones a la cual apeló la defensa de nuestros compañeros y que ratificó la decisión de la formalización del día 30 de octubre a partir de la validación de las pruebas presentadas por el gobierno para afirmar la “peligrosidad para la sociedad” de nuestros compañeros, tales como la incautación de dos encendedores, además de afirmar esa “peligrosidad” por el actual contexto social que vive el país.
D.- A días de la audiencia de la revisión de la medida cautelar del día 25 de noviembre, el Ministerio del Interior presentó la querella – a destiempo- por Ley de Seguridad Interior del Estado, con dos propósitos claros, a saber:
Uno: Presionar la audiencia de la revisión de la medida cautelar, siendo una clara intervención política de un poder del Estado sobre otro.
Dos: La intención del Gobierno de Chile, de buscar la re formalización en un período inmediato por esta ley, la cual cuenta con una penalidad mayor.
Cabe mencionar, que la invocación de la Ley de Seguridad Interior del Estado, procura en su invocación:
– Fijación de un sitio del suceso después de casi un mes de los hechos, lo cual evidentemente está alterado por lo concurrido del lugar.
– Convertir una falta en un delito, lo que genera una desproporción jurídica injustificable.
– Transformar un hecho menor en un hecho que pone en riesgo la seguridad del Estado. A nuestros compañeros se les imputa la instalación de barricadas en la línea férrea, a las 6:45 am, horario considerado como “bajo” por la normativa de transporte. Una barricada, en ese horario y sin capacidad física de provocar un daño a la línea férrea para un posible descarrilamiento, no puede ser considerado como un peligro para la seguridad interior del Estado.

4.- Que denunciamos la persecución política del gobierno de Chile contra nuestros compañeros, por su claro y determinado compromiso social, lo cual, como ha quedado demostrado por los Informes de organismos internacionales de DDHH, ha sido objeto sistemático de violación de los DDHH en Chile.

¡¡¡AHORA: LIBERTAD INMEDIATA A LXS PRISIONERXS POLITICXS DE LA REVUELTA POPULAR!!!
¡¡¡NO A LA PERSECUCION POLITICA DEL GOBIERNO DE CHILE CONTRA LUCHADORES SOCIALES!!!
Agrupación de familiares y amigos de Prisioneros Políticos
Guacoldas

Correo: agrupacionguacolda@gmail.com

28 de Noviembre, 2019.

 

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